El 31 de diciembre de 2020, la Contraloría General de la República emitó la resolución Nº 7.680 en la que acogió la reclamación de Bernardita Bakovic Iturriaga, quién adujo vicios de legalidad en el proceso solicitado por la Administración Municipal y que concluyó con la destitución de la funcionaria. En lo medular, la Contraloría General de la República indicó en su resolución que acoge el reclamo de ilegalidad presentado, lo que significa que la Municipalidad de Santiago debe dejar sin efecto el decreto sancionatorio, reabrir del proceso y formular debidamente los cargos, ateniéndose a los criterios establecidos y que, en este caso, la Contraloría consideró vulnerados. Junto con lo anterior, el organismo indicó que dado que la destitución aplicada a la funcionaria no se ajustó a derecho, se deberá proceder su reintegro y el restitución de los ingresos de los que se vio privada mientras estaba vigente la medida.
Como Asociación de Profesionales y Técnicos, consideramos que la Contraloría General de la República repuso el sentido de la justicia y el derecho sobre actos que la Administración Municipal juzgó de forma inadecuada y que llevó a aplicar una medida de destitución sobre la base de fundamentos carentes de todo sustento.
En diversas instancias, funcionarios y subalternos de la funcionaria sumariada junto a la acción gremial, intentaron que la autoridad edilicia reconsiderara la medida, dado que se entendía que la situación cuestionada pudo cometerse por una negligencia o una falta de conocimiento. En ese sentido, consideramos que una medida de destitución, para hacerse materialmente aplicable, debe presentarse respaldada de argumentos claros y contundentes, que den muestra inapelable de actos reñidos con la probidad, acción dolosa o maliciosa de parte de una funcionario o funcionaria.
Todas las argumentaciones presentadas por la autoridad fueron estériles y debió ser la Contraloría General de la República la que intervino para poner claridad sobre cuándo y bajo qué consideraciones se deben llevar estos procedimientos, y cómo actuar para que las imputaciones sean consideradas válidas y no lesionen la situación laboral de los y las funcionarias.
Sin embargo, este proceder no es nuevo en el Municipio. Es por esta razón que manifestamos nuestra preocupación el 29 de agosto de 2019, en una reunión en la que participó nuestro Directorio, el Alcalde y su equipo. En ella, le planteamos la inquietud por los innumerables sumarios abiertos hasta esa fecha, que se encuentran estancados o con muy poco avance. Esta demora anula las posibilidades que tienen los y las funcionarias de responder ante un debido proceso, sin que tengan la posibilidad de presentar descargos o resolver las situaciones en las que se encuentran o no involucrados/as. Asimismo, hicimos notar lo inconveniente de que gran parte de ellos sean gestionados por una sola persona, lo que hace imposible que los expedientes avancen de manera oportuna hacia una solución.
Además, en dicha instancia, el Alcalde y la Administración se comprometieron a dar una respuesta de la situación en 15 días, pero hasta hoy no se ha recibido respuesta. Insistimos en este tema basados en el mismo principio que el Alcalde ha dicho reiteradamente: “la justicia debe ser oportuna, sino no es justicia “.
La situación de Bernardita Bakovic Iturriaga da cuenta de lo afectada que se puede ver una persona cuando recaen sobre ella decisiones que no cumplen con los estándares mínimos de legalidad. Más allá del daño económico, está también el daño psicosocial por el que deben transitar y el daño moral que se les causa al ser inculpadas sobre la base de procedimientos poco rigurosos y fallados con falta de criterio.
Finalmente, reiteramos el llamado al señor Alcalde y a su Administración, para que en sus actuaciones vele por el estricto cumplimiento de las normativas para el desarrollo de estos procesos administrativos, con la idea de reducir la arbitrariedad y permitir que los sumarios y las investigaciones sean efectivamente un instrumento que, bien utilizado, contribuya a corregir errores y sancionar conductas reñidas con el espíritu que debe regir la función municipal; así como también relevar la dignidad y honestidad de los y las funcionarias municipales.
El Directorio
>>> Descargar Declaración Asociación de Funcionarios.
>>> Descargar Documento emitido por la Contraloría General de la República.