En un informe emanado desde la Contraloría General de la República con fecha 28 de enero de 2020, el ente Contralor se refirió a la denuncia efectuada por el Concejal Alfredo Morgado Travezán, en donde expuso sus dudas sobre el denominado «Acuerdo de Colaboración para desarrollar la Fonda de Santiago», suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Santiago y la Corporación para el Desarrollo de Santiago CORDESAN.
Después de analizar los antecedentes aportados por el Municipio, el propio Concejal y la CORDESAN, la Contraloría General de la República llegó a la conclusión de que el Acuerdo de Colaboración no se sometió a las reglas que la ley mandata para este tipo de actos, particularmente lo contenido en la Ley 19.886 y lo reglamentado en el decreto N°250 del Ministerio de Hacienda, en donde se indica que el municipio debió haber llamado a una licitación pública a través del Sistema de Información y Contratación Pública.
En opinión de la Contraloría se estaría frente a una concesión y no a un acuerdo de colaboración, por lo que el municipio debió actuar conforme a las disposiciones legales que existen para ello, así como también en cuanto al permitir que la productora contratada por la CORDESAN, a su vez concesionara, cobrara por el arrendamiento de un bien nacional de uso público, cuando se trata de atribuciones y potestades del Municipio y existen normas precisas que así lo establecen.
Lo del uso de la CORDESAN para fines distintos a los establecidos en sus estatutos no es nuevo. Tanto en esta administración como en anteriores, la figura de una Corporación colaboradora y coadyuvante del municipio se convierte en «brazo ejecutivo» que va más allá de sus funciones y atribuciones. Muchas veces los profesionales y técnicos municipales se deben enfrentar a situaciones donde los límites entre una y otra institución son demasiado débiles y sensibles.
Esperamos que situaciones como estas no vuelvan a ocurrir. Que la autoridad comprenda que con este tipo de actuación lo único que aumenta en las personas es la duda y el desprestigio de la institucionalidad pública, en nada contribuye a crear confianzas y aumentar la credibilidad.